Los servicios y suministros de anticoncepción y planificación familiar son componentes FUNDAMENTALES de los servicios sanitarios esenciales y el acceso a estos servicios es un derecho humano fundamental.

Esta norma debe ser respetada y protegida como tal por los gobiernos que priorizan los escasos recursos durante esta pandemia. Sin embargo, debido a que muchos sistemas sanitarios se centran en la respuesta a la pandemia de COVID19 , la prestación de asesoramiento básico sobre anticoncepción, la entrega de productos y servicios anticonceptivos y el funcionamiento de las cadenas de suministro se han visto interrumpidos, y las mujeres y los hombres se encuentran en desventaja a la hora de buscar atención de sus proveedores habituales.