Los centros sanitarios, los proveedores formados y los métodos anticonceptivos respetan la ética médica y las preferencias individuales, son sensibles a las necesidades del género y del ciclo vital, y respetan la confidencialidad.

Política y programación:
Garantizar que las personas confíen en su capacidad para tomar decisiones en materia de reproducción, entre otras cosas, dando prioridad y elevando la aceptabilidad junto con la accesibilidad y la disponibilidad, y minimizando los prejuicios de los proveedores. Este sesgo puede manifestarse de dos maneras: denegación de servicios o promoción de métodos específicos a determinados subgrupos o comunidades.

Medición:
Recopilar y utilizar eficazmente datos desglosados para comprender y abordar mejor los problemas de accesibilidad y disponibilidad, en particular para las poblaciones marginadas y desatendidas (por ejemplo, adolescentes, mujeres en situaciones de emergencia, minorías étnicas, etc.).

Mercados:
Garantizar que los productos anticonceptivos estén siempre disponibles en todos los niveles del sistema de distribución y promover su disponibilidad en diversos segmentos del mercado. Esto puede lograrse aprovechando canales innovadores y variados para eliminar el desabastecimiento, reducir las barreras financieras y proporcionar un acceso sostenible a las mujeres y niñas marginadas y de difícil acceso.

Las personas tienen acceso a servicios anticonceptivos e información de buena calidad que son científica y médicamente apropiados. La calidad de la atención es un elemento polifacético que incluye, entre otras cosas, una oferta completa de métodos anticonceptivos de calidad; información clara y médicamente precisa, incluidos los riesgos y beneficios de una serie de técnicas; la presencia de proveedores equipados y técnicamente competentes; y unas interacciones cliente-proveedor que respeten la elección informada, la intimidad y la confidencialidad, y las preferencias y necesidades del cliente.

Política y programación:
Los programas tratan de abordar las necesidades subyacentes que impiden la calidad, en particular garantizando que los proveedores dispongan del entorno, la formación y las herramientas necesarias para proporcionar información, asesoramiento y prestación de servicios de calidad.

Medición:
Captar la calidad tanto desde el punto de vista del proveedor/centro como del cliente utilizando indicadores que reflejen la disponibilidad y accesibilidad de proveedores cualificados, así como medidas más precisas y coherentes de la satisfacción del cliente.

Mercados:
Garantizar que los productos de los sectores público y privado cumplen las normas de calidad.

Los individuos están capacitados como actores y agentes principales para tomar decisiones sobre su vida reproductiva y pueden ejecutar estas decisiones mediante el acceso a la información, los servicios y los suministros anticonceptivos.

Política y programación:
Los planes y programas nacionales y subnacionales de planificación familiar garantizan el uso o no uso de anticonceptivos como un derecho que contribuye al empoderamiento y a la igualdad de género, y no simplemente como una intervención sanitaria de alto impacto o que contribuye a otros objetivos de desarrollo. Estas políticas, planes y programas también deben reconocer y priorizar, en su caso, las intervenciones más allá del sector sanitario que permitan a las mujeres ejercer la toma de decisiones reproductivas (por ejemplo, habilidades para la vida, educación sexual integral, educación de las niñas, creación de oportunidades de empleo para las mujeres, etc.).

Medición:
Recopilar y analizar periódicamente datos comunitarios diseñados para captar los cambios en las percepciones y los obstáculos que impiden a las mujeres y las niñas acceder a los servicios anticonceptivos.

Mercados:
Garantizar que las estrategias de marketing, así como la promoción de productos y servicios, generen conciencia y promuevan el derecho de las mujeres y las niñas a acceder a los servicios, la información y los suministros anticonceptivos de su elección.

Las personas tienen la posibilidad de acceder a información y servicios anticonceptivos integrales y de calidad, libres de discriminación, coacción y violencia. La calidad, accesibilidad y disponibilidad de la información y los servicios anticonceptivos no deben variar en función de características no indicadas médicamente, como la edad, la ubicación geográfica, el idioma, el origen étnico, la discapacidad, el estado serológico respecto al VIH, la orientación sexual, la riqueza, el estado civil u otros.

Política y programación:
Eliminar las políticas que niegan a poblaciones específicas (por ejemplo, adolescentes, mujeres solteras, etc.) el acceso a los anticonceptivos. En los entornos en los que ya se hayan eliminado estas políticas, garantizar que durante la ejecución del programa todas las mujeres y niñas disfruten, en la práctica, de un acceso equitativo a la información, los servicios y los suministros anticonceptivos, en particular las poblaciones vulnerables y marginadas (por ejemplo, mujeres solteras, pobres, jóvenes y adolescentes, poblaciones geográficamente aisladas, etc.).

Medición:
Llevar a cabo y utilizar el desglose de datos por quintil de riqueza, grupos de edad, estado civil, residencia geográfica y paridad para realizar un seguimiento y, en última instancia, tratar de resolver los problemas de desigualdad y discriminación.

Mercados:
Promover el acceso equitativo a la información y los servicios anticonceptivos, en particular para los grupos social y físicamente marginados, abordando el precio y la gama de puntos de servicio disponibles.

Las personas tienen la posibilidad de acceder a información exacta, precisa y fácilmente comprensible sobre diversos métodos anticonceptivos y su uso. Para ejercer una toma de decisiones plena, libre e informada, las personas pueden elegir entre toda una gama de métodos anticonceptivos seguros, eficaces y disponibles (anticonceptivos de barrera, de acción corta, reversibles de acción prolongada, permanentes y de emergencia).

Política y programación:
Los programas dan prioridad al acceso a la información y a la prestación de servicios (directamente o, en caso necesario, mediante derivación) de diversos métodos. La plena elección incluye garantizar que las personas de todas las edades e independientemente de su estado civil o de otro tipo puedan obtener el método anticonceptivo que prefieran.

Medición:
Reforzar las métricas para garantizar que los indicadores de elección informada capten efectivamente: el suministro de información precisa y fácilmente comprensible sobre una serie de métodos anticonceptivos; y el acceso de las personas a una serie de métodos anticonceptivos aceptables y de alta calidad, y su capacidad para elegir entre ellos.

Mercados:
Centrarse en esfuerzos innovadores para garantizar que las personas puedan elegir entre distintas categorías de productos (espaciados y limitados), incluidos los aceptables para poblaciones especiales.

Las personas pueden acceder fácilmente a información significativa sobre el diseño, la prestación, la aplicación y la evaluación de servicios, programas y políticas anticonceptivos, incluidos los datos gubernamentales. Las personas tienen derecho a buscar remedios y reparación a nivel individual y de sistemas cuando los garantes de derechos no hayan cumplido sus obligaciones en materia de información, servicios y suministros anticonceptivos.

Política y programación:
Garantizar que las estrategias y planes nacionales de planificación familiar incluyan mecanismos de rendición de cuentas y reparación, incluidos el seguimiento y la evaluación, que estén establecidos y funcionen en relación con la provisión de información, servicios y suministros anticonceptivos. Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas deben integrar las aportaciones de la comunidad y compartir los resultados con todas las partes interesadas, incluidos los beneficiarios.

Medición:
Incorporar al seguimiento indicadores que reflejen el punto de vista de la comunidad y de los usuarios de los servicios sobre la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información y los servicios, así como sobre el conocimiento de sus derechos y los mecanismos de que disponen para realizar aportaciones y solicitar compensaciones.

Mercados:
Identificar los posibles mecanismos de responsabilidad y reparación que podrían aplicarse a la distribución de anticonceptivos, incluidos los del sector privado. Cuando ya existan estos mecanismos, hay que asegurarse de que se aplican y se hacen cumplir de forma efectiva.

Las personas, en particular los beneficiarios, tienen la capacidad de participar de forma significativa en el diseño, la prestación, la aplicación y la evaluación de los servicios, programas y políticas de anticoncepción.

Política y programación:
Garantizar la participación significativa de las diversas partes interesadas en la formulación de políticas y en el diseño, la ejecución y la supervisión de programas, incluidas las mujeres y los adolescentes y las poblaciones pobres, vulnerables y marginadas, como parte de un entorno político y programático favorable.

Mercados:
Identificar la responsabilidad potencial y garantizar que los fabricantes y distribuidores de anticonceptivos busquen e incorporen diversas perspectivas de los consumidores en su planificación y estrategias de mercado.